Prorrogan la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido una resolución que extiende la vigencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, una decisión con impacto directo en la tramitación de los procesos civiles de mayor jerarquía en el país. Que esta sala siga operando no es un detalle administrativo menor: de ella depende la continuidad en la resolución de causas que ya venían siendo conocidas por ese órgano colegiado.

¿Qué establece la norma?

La Resolución Administrativa N° 000295-2026-CE-PJ, publicada el 1 de septiembre de 2026, dispone la prórroga del funcionamiento de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Las salas transitorias en el Poder Judicial nacen para descongestionar la carga procesal de las salas permanentes; su existencia está sujeta a plazos que el Consejo Ejecutivo puede renovar cuando las necesidades del servicio de justicia así lo justifican. Conviene revisar el texto completo de la norma para conocer el período exacto de la prórroga y cualquier condición específica que se haya establecido.

¿A quién afecta?

La medida tiene alcance sobre todos los actores vinculados a los procesos que se ventilan ante esa instancia suprema:

• Justiciables con causas civiles pendientes de resolución en casación o en segunda instancia ante la Corte Suprema.
• Abogados litigantes que patrocinan expedientes asignados a dicha sala transitoria.
• Estudios jurídicos con cartera de casos en materia civil en sede suprema.
• Operadores internos del Poder Judicial, incluyendo al personal jurisdiccional y administrativo adscrito a la sala.

Qué debes tener en cuenta

La prórroga garantiza continuidad, pero no implica necesariamente que los plazos procesales se modifiquen ni que los expedientes sean redistribuidos. Si tienes un caso en trámite ante esta sala, lo más prudente es verificar el estado actual de tu expediente en la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y confirmar que la asignación sigue vigente. Dado que la resolución puede establecer condiciones o un plazo determinado de funcionamiento, revisar su texto íntegro es indispensable para anticipar cualquier cambio en la agenda procesal.

Estar al tanto de este tipo de decisiones institucionales permite a los litigantes planificar mejor su estrategia procesal y evitar sorpresas en los tiempos de resolución de sus causas.