Nueva metodología de actualización de Bonos de Deuda Agraria

El Estado peruano ha actualizado las reglas para calcular el valor de los Bonos de la Deuda Agraria, un instrumento con décadas de historia vinculado a la Reforma Agraria. Este Decreto Supremo no es una reforma administrativa ordinaria: responde directamente a una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que le da rango de cumplimiento obligatorio e inmediato.

¿Qué establece la norma?

El Decreto Supremo N° 135-2026-EF, publicado el 14 de julio de 2026 y emitido por la Secretaría del Consejo de Ministros, aprueba una nueva Metodología de Actualización de los Bonos de la Deuda Agraria. Lo hace modificando el Anexo 1 del Decreto Supremo N° 242-2017-EF, que contenía la metodología anterior. El cambio se produce en estricto acatamiento de la Sentencia 11/2026 recaída en el Expediente N° 01350-2024-PA/TC, emitida por el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo. Adicionalmente, la norma dicta otras disposiciones complementarias cuyo detalle conviene revisar en el texto completo publicado en el Diario Oficial El Peruano.

¿A quién afecta?

Este decreto impacta directamente a varios actores:

Tenedores de Bonos de la Deuda Agraria, es decir, personas naturales o jurídicas que mantienen estos títulos y aguardan su reconocimiento o pago por parte del Estado.
Herederos y sucesores de expropiados durante la Reforma Agraria, quienes históricamente han sido los principales reclamantes de estos bonos.
El Ministerio de Economía y Finanzas como ente ejecutor de la metodología aprobada.
Estudios jurídicos y asesores que litigan o asesoran en materia de deuda agraria y procesos constitucionales relacionados.

Qué debes tener en cuenta

Dado que la norma nace de un mandato constitucional, su aplicación no es discrecional: el MEF está obligado a implementar la nueva metodología en los términos que fije la sentencia. Para quienes tienen bonos pendientes de valorización, este cambio metodológico puede repercutir directamente en el monto actualizado que les corresponda, aunque los criterios técnicos exactos solo constan en el Anexo 1 modificado. Se recomienda revisar ese anexo con detenimiento y, de ser necesario, consultar con un especialista en derecho constitucional o administrativo para evaluar si la nueva metodología se ajusta al alcance de la sentencia en cada caso concreto.

Conocer esta norma es el primer paso; entender cómo aplica a cada situación particular requiere leer el texto íntegro y, cuando corresponda, asesoría especializada.